El Defensor del Pueblo pide que se refuercen los controles de la Junta y de los ayuntamientos.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, está convencido de que los desmanes urbanísticos sólo pueden evitarse con mucha más energía de la que se emplea contra ellos en la actualidad. Hace falta más mano dura contra quienes incumplen la legalidad urbanística. Y es más: apuesta por abordar una reforma urgente del Código Penal que permita perseguir "más eficazmente" estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se han "evidenciado la existencia de no pocas imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio".
Así de claro se manifestó ayer Chamizo en el Parlamento, donde también insistió en el fortalecimiento de los servicios técnicos en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Junta para que denuncien las construcciones y edificaciones no autorizables que se produzcan en suelo no urbanizable. El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
Así de claro se manifestó ayer Chamizo en el Parlamento, donde también insistió en el fortalecimiento de los servicios técnicos en materia de urbanismo de los ayuntamientos y de la Junta para que denuncien las construcciones y edificaciones no autorizables que se produzcan en suelo no urbanizable. El Defensor del Pueblo Andaluz presentó ante la Comisión de Obras Públicas y Vivienda el informe especial elaborado por la institución en 2009 relativo a ordenación del territorio y urbanismo, que resalta el gran número de quejas recibidas por incumplimientos de la legalidad urbanística. En su intervención, el Defensor pidió a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que impulse una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la importancia de respetar la legalidad urbanística.
Chamizo aprovechó su comparecencia en la Cámara para advertir sobre el valor "excepcional" y la "extraordinaria" fragilidad del litoral andaluz, que se ha visto dañado por la ocupación "masiva de amplios espacios contiguos al dominio público marítimo-terrestre", por lo que ha pedido una moratoria urbanística que prohíba toda edificación, salvo la destinada a usos públicos, en, al menos, la denominada zona de influencia, es decir, en 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar.
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