El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contestado 270 preguntas acerca del «caso Faisán». De ellas se desprende que el 3 de mayo de 2006 no fue informado, ni él ni el secretario de Estado, de la operación policial que se iba a ejecutar al día siguiente contra la red de extorsión de ETA, en pleno proceso de negociación con la banda terrorista
Este desconocimiento se deduce de las respuestas por escrito que el Gobierno ha remitido a las preguntas que le había formulado el diputado del grupo popular, Ignacio Gil Lázaro, quien el próximo miércoles volverá a interrogarle por este asunto, en concreto por el hecho de que el comisario Cabanillas recuerde ahora, cuatro años y nueve meses después, que el investigador, Carlos Germán, le propuso destruir de inmediato la prueba demostrativa del chivatazo a Joseba Elosúa.
Los «rifirrafes» dialécticos que semanalmente mantienen Gobierno y oposición a cuenta del «Faisán» han terminado en un cruce de acusaciones con pocas novedades sustanciosas. Pero las respuestas por escrito que esta semana han entrado en el Registro del Congreso aclaran algunos puntos, según los populares. Por ello ayer elevó sus acusaciones hasta situarlas a la altura de la cabeza del presidente del Gobierno, a pesar del contenido de las respuestas a las preguntas.
Los populares justifican su posición por la contestación a la pregunta de en qué momento el ministro del Interior informó al presidente de que la operación contra la red de extorsión se había frustrado por el «chivatazo» al dueño del Faisán. «Nunca», es la respuesta, por lo que el PP sugiere que, o bien Zapatero no tuvo que ser informado, porque estaba al tanto, o, de no ser así, estaría obligado a tomar medidas drásticas contra quien le ocultó una información de tanta trascendencia. Rubalcaba conoció el «chivatazo», según las contestaciones remitidas al Parlamento, «en el momento en el que el Comisario General de Información, tras ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, informó al secretario de Estado de Seguridad». Es decir, que supo de él el 8 de mayo de 2006. Tras conocerlo, dio órdenes «estrictas» al secretario de Estado de colaborar.
En otra pregunta, el principal partido de la oposición le cuestiona sobre «en qué momento supo el secretario de Estado de Seguridad que la operación prevista el 4 de mayo se había frustrado como consecuencia de un “chivatazo”». La respuesta afirma que «en ningún momento al secretario de Estado se le informó que la operación se había frustrado».
La fórmula más común en muchas de las respuestas a preguntas sobre la supuesta relación del «chivatazo» con el proceso de negociación es: «se desconoce la información». «¿Por qué un representante del Gobierno en las conversaciones con la banda terrorista ETA –hoy miembro del Consejo General Poder Judicial– dijo a ésta que el Gobierno había corrido un riesgo con el “chivatazo” dado al dueño del bar Faisán?», interroga el grupo popular. «Se desconoce dicha información», zanja Interior. Y la misma contestación sirve para aclarar si han adoptado iniciativas para averiguar si eso había sido así o si se había autorizado a algún miembro del Gobierno a exhibir el «chivatazo» como prueba de los riesgos que estaban asumiendo para preservar la negociación.
Respuesta tras respuesta
Rubalcaba no abrió una investigación interna porque existía «una investigación judicial», y el mismo razonamiento usa para explicar por qué no ha abierto expediente a los funcionarios imputados. También señala que el secretario de Estado de Seguridad nunca citó al director generalde la Policía para que le informara del «chivatazo» una vez conocida su existencia.
No conoce el contenido de las conversaciones que cruzaron los imputados; ni fue informado de la conversación que el jefe español del equipo de investigación conjunto con Francia mantuvo con la Policía francesa para que ésta actuara en su territorio, tal y como estaba previsto; no sabe por qué el comisario general de Información y el jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia tardaron tres días en informar al juez; desconoce si es cierto o no que el inspector jefe que lo investigó por orden judicial llegó a sufrir insultos y amenazas de miembros de la Comisaría General de Información; ignora por qué no se ha logrado identificar a la persona que el 5 de septiembre de 2006 activó una tarjeta telefónica prepago con la que se comunicó con el director general de la Policía y con el jefe superior de Policía del País Vasco; no sabe si alguien trató de evitar que se pusiera a disposición del juez Marlaska el contenido de la cinta grabada a Elosúa en el interior de su coche, que acreditaba la existencia del «chivatazo»; y no recuerda haber mantenido ninguna conversación el 3 de mayo con Zapatero sobre la reunión que éste iba a celebrar al día siguiente, fecha de la operación policial frustrada, con el presidente del PNV.
Rubio niega que borrara la cinta
El ex comisario general de Información Telesforo Rubio aseguró ayer que el agente que investigó el «chivatazo» que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión no le pidió borrar la cinta en la que el dueño del bar Faisán contaba a un familiar cómo le habían avisado de la misma.
Rubio que declaró ayer como testigo ante el juez Ruz, desmintió así la versión ofrecida el pasado martes por el ex comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI)
Fuente:larazón.es
Este desconocimiento se deduce de las respuestas por escrito que el Gobierno ha remitido a las preguntas que le había formulado el diputado del grupo popular, Ignacio Gil Lázaro, quien el próximo miércoles volverá a interrogarle por este asunto, en concreto por el hecho de que el comisario Cabanillas recuerde ahora, cuatro años y nueve meses después, que el investigador, Carlos Germán, le propuso destruir de inmediato la prueba demostrativa del chivatazo a Joseba Elosúa.
Los «rifirrafes» dialécticos que semanalmente mantienen Gobierno y oposición a cuenta del «Faisán» han terminado en un cruce de acusaciones con pocas novedades sustanciosas. Pero las respuestas por escrito que esta semana han entrado en el Registro del Congreso aclaran algunos puntos, según los populares. Por ello ayer elevó sus acusaciones hasta situarlas a la altura de la cabeza del presidente del Gobierno, a pesar del contenido de las respuestas a las preguntas.
Los populares justifican su posición por la contestación a la pregunta de en qué momento el ministro del Interior informó al presidente de que la operación contra la red de extorsión se había frustrado por el «chivatazo» al dueño del Faisán. «Nunca», es la respuesta, por lo que el PP sugiere que, o bien Zapatero no tuvo que ser informado, porque estaba al tanto, o, de no ser así, estaría obligado a tomar medidas drásticas contra quien le ocultó una información de tanta trascendencia. Rubalcaba conoció el «chivatazo», según las contestaciones remitidas al Parlamento, «en el momento en el que el Comisario General de Información, tras ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, informó al secretario de Estado de Seguridad». Es decir, que supo de él el 8 de mayo de 2006. Tras conocerlo, dio órdenes «estrictas» al secretario de Estado de colaborar.
En otra pregunta, el principal partido de la oposición le cuestiona sobre «en qué momento supo el secretario de Estado de Seguridad que la operación prevista el 4 de mayo se había frustrado como consecuencia de un “chivatazo”». La respuesta afirma que «en ningún momento al secretario de Estado se le informó que la operación se había frustrado».
La fórmula más común en muchas de las respuestas a preguntas sobre la supuesta relación del «chivatazo» con el proceso de negociación es: «se desconoce la información». «¿Por qué un representante del Gobierno en las conversaciones con la banda terrorista ETA –hoy miembro del Consejo General Poder Judicial– dijo a ésta que el Gobierno había corrido un riesgo con el “chivatazo” dado al dueño del bar Faisán?», interroga el grupo popular. «Se desconoce dicha información», zanja Interior. Y la misma contestación sirve para aclarar si han adoptado iniciativas para averiguar si eso había sido así o si se había autorizado a algún miembro del Gobierno a exhibir el «chivatazo» como prueba de los riesgos que estaban asumiendo para preservar la negociación.
Respuesta tras respuesta
Rubalcaba no abrió una investigación interna porque existía «una investigación judicial», y el mismo razonamiento usa para explicar por qué no ha abierto expediente a los funcionarios imputados. También señala que el secretario de Estado de Seguridad nunca citó al director generalde la Policía para que le informara del «chivatazo» una vez conocida su existencia.
No conoce el contenido de las conversaciones que cruzaron los imputados; ni fue informado de la conversación que el jefe español del equipo de investigación conjunto con Francia mantuvo con la Policía francesa para que ésta actuara en su territorio, tal y como estaba previsto; no sabe por qué el comisario general de Información y el jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia tardaron tres días en informar al juez; desconoce si es cierto o no que el inspector jefe que lo investigó por orden judicial llegó a sufrir insultos y amenazas de miembros de la Comisaría General de Información; ignora por qué no se ha logrado identificar a la persona que el 5 de septiembre de 2006 activó una tarjeta telefónica prepago con la que se comunicó con el director general de la Policía y con el jefe superior de Policía del País Vasco; no sabe si alguien trató de evitar que se pusiera a disposición del juez Marlaska el contenido de la cinta grabada a Elosúa en el interior de su coche, que acreditaba la existencia del «chivatazo»; y no recuerda haber mantenido ninguna conversación el 3 de mayo con Zapatero sobre la reunión que éste iba a celebrar al día siguiente, fecha de la operación policial frustrada, con el presidente del PNV.
Rubio niega que borrara la cinta
El ex comisario general de Información Telesforo Rubio aseguró ayer que el agente que investigó el «chivatazo» que alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión no le pidió borrar la cinta en la que el dueño del bar Faisán contaba a un familiar cómo le habían avisado de la misma.
Rubio que declaró ayer como testigo ante el juez Ruz, desmintió así la versión ofrecida el pasado martes por el ex comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI)
Fuente:larazón.es
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