Griñán ignora al TSJA y no abre expediente a Chaves: «Es cosa juzgada»
No aplica la sentencia, acusa al PP de «denuncia falsa» y omite que el expresidente puede quedar inhabilitado
SEVILLA- Cinco días ha tardado el presidente de la Junta de Andalucía en dar su opinión sobre el fallo del TSJA que insta a su Gobierno a que abra un expediente a Chaves por no inhibirse en la concesión de una subvención de más de diez millones a la empresa donde trabajaba su hija y anula un acuerdo de su propio Ejecutivo, que archivó la causa. Lo hizo en Madrid, donde participó en la inauguración del stand que Andalucía tiene en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), cita que aprovechó para restarle trascendencia a la sentencia del Alto Tribunal andaluz y mezclar de manera intencionada el fallo del Supremo, que rechazó cualquier responsabilidad penal del actual vicepresidente tercero del Gobierno en este caso, con el del pasado sábado, que exige responsabilidades en el ámbito administrativo.
Lejos de asumir cualquier responsabilidad, Griñán la derivó al PP por «acusación en falso» contra el expresidente andaluz, ya que el Tribunal Supremo no tomó en consideración la denuncia formulada por los populares por vía penal. Sobre el contencioso administrativo, argumentó que es un «mero trámite» y que el TSJA sólo dice que se le abra expediente, decisión que van a recurrir, tal y como anunciaron el mismo día que trascendió la noticia.
Nada dijo el presidente sobre la grave acusación que incluye la sentencia, en la que se señala que el Gobierno andaluz no realizó «actividad investigadora alguna» y se limitó «a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, con la única finalidad de exculpar ‘ab initio’ al alto cargo».
Tampoco se pronunció sobre la actuación «arbitraria e injustificada» de su Ejecutivo, que no se preocupó de conocer si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009 que ratificó la subvención a Matsau, «conocía que en su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia y ello con independencia de su intervención directa con la Administración».
La defensa que hizo Griñán de su predecesor en el cargo fue más allá, ya que aseguró que «no hay indicio de actuación irregular» y que en todo caso es «cosa juzgada» por el Supremo, algo que no es cierto. El TS descartó en su día responsabilidad penal y no vio indicio alguno del posible delito de prevaricación del que le acusó al PP. Lo que no analizó la Sala de lo Penal fue la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, ya que eso corresponde a la jurisdicción administrativa, que es la que aún permanece abierta y que puede concluir en la inhabilitación del presidente del PSOE.
La estrategia empleada por Griñán en Madrid fue la misma que utilizó Chaves luego en un acto en Albacete. El vicepresidente tercero aseguró que ya no hay «caso Matsau» porque «está resuelto por el Tribunal Supremo, que lo investigó ante una querella de un sindicato ultraderechista y ante una querella del PP, que dejó absolutamente claro que la subvención que se dio a la empresa fue legal, limpia y transparente y que mi actuación fue absolutamente intachable».
El ministro de Política Territorial minimizó al TSJA e insistió en la teoría de la «inquina» del PP esgrimida el lunes por Marcelino Iglesias, secretario de organización del PSOE: «Dice que hay también un expediente administrativo sobre si me tuve que inhibir o no ante una decisión colectiva del Gobierno de Andalucía y aprovechar un acto puramente administrativo para volver a la difamación, a las calumnias y a las mentiras. Me parece que no hay ningún derecho», sentenció.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, calificó de «tomadura de pelo» a los ciudadanos que el Ejecutivo andaluz se refiera al fallo del TSJA como una «cuestión técnica» y advirtió de que su partido insistirá para que se adopten medidas y se investigue la tramitación de la ayuda en el Parlamento.
Sobre Chaves, aseguró que «no debería tener ningún problema» en que se investigue si considera que su «conducta fue intachable» y en el que la Junta de Andalucía le abriera un expediente, una decisión que «adoptará antes o después, forzada por los jueces».
«Con toda sinceridad, Chaves y Griñán tienen que practicar ejemplo, ya que la ley obliga a todos, empezando por los gobernantes», concluyó.
No aplica la sentencia, acusa al PP de «denuncia falsa» y omite que el expresidente puede quedar inhabilitado
SEVILLA- Cinco días ha tardado el presidente de la Junta de Andalucía en dar su opinión sobre el fallo del TSJA que insta a su Gobierno a que abra un expediente a Chaves por no inhibirse en la concesión de una subvención de más de diez millones a la empresa donde trabajaba su hija y anula un acuerdo de su propio Ejecutivo, que archivó la causa. Lo hizo en Madrid, donde participó en la inauguración del stand que Andalucía tiene en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), cita que aprovechó para restarle trascendencia a la sentencia del Alto Tribunal andaluz y mezclar de manera intencionada el fallo del Supremo, que rechazó cualquier responsabilidad penal del actual vicepresidente tercero del Gobierno en este caso, con el del pasado sábado, que exige responsabilidades en el ámbito administrativo.
Lejos de asumir cualquier responsabilidad, Griñán la derivó al PP por «acusación en falso» contra el expresidente andaluz, ya que el Tribunal Supremo no tomó en consideración la denuncia formulada por los populares por vía penal. Sobre el contencioso administrativo, argumentó que es un «mero trámite» y que el TSJA sólo dice que se le abra expediente, decisión que van a recurrir, tal y como anunciaron el mismo día que trascendió la noticia.
Nada dijo el presidente sobre la grave acusación que incluye la sentencia, en la que se señala que el Gobierno andaluz no realizó «actividad investigadora alguna» y se limitó «a elaborar unos informes jurídicos interpretativos sobre el precepto que se denunciaba infringido, con la única finalidad de exculpar ‘ab initio’ al alto cargo».
Tampoco se pronunció sobre la actuación «arbitraria e injustificada» de su Ejecutivo, que no se preocupó de conocer si Chaves, cuando presidió el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009 que ratificó la subvención a Matsau, «conocía que en su dirección, asesoramiento o administración tenía alguna parte el miembro de su familia y ello con independencia de su intervención directa con la Administración».
La defensa que hizo Griñán de su predecesor en el cargo fue más allá, ya que aseguró que «no hay indicio de actuación irregular» y que en todo caso es «cosa juzgada» por el Supremo, algo que no es cierto. El TS descartó en su día responsabilidad penal y no vio indicio alguno del posible delito de prevaricación del que le acusó al PP. Lo que no analizó la Sala de lo Penal fue la posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, ya que eso corresponde a la jurisdicción administrativa, que es la que aún permanece abierta y que puede concluir en la inhabilitación del presidente del PSOE.
La estrategia empleada por Griñán en Madrid fue la misma que utilizó Chaves luego en un acto en Albacete. El vicepresidente tercero aseguró que ya no hay «caso Matsau» porque «está resuelto por el Tribunal Supremo, que lo investigó ante una querella de un sindicato ultraderechista y ante una querella del PP, que dejó absolutamente claro que la subvención que se dio a la empresa fue legal, limpia y transparente y que mi actuación fue absolutamente intachable».
El ministro de Política Territorial minimizó al TSJA e insistió en la teoría de la «inquina» del PP esgrimida el lunes por Marcelino Iglesias, secretario de organización del PSOE: «Dice que hay también un expediente administrativo sobre si me tuve que inhibir o no ante una decisión colectiva del Gobierno de Andalucía y aprovechar un acto puramente administrativo para volver a la difamación, a las calumnias y a las mentiras. Me parece que no hay ningún derecho», sentenció.
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, calificó de «tomadura de pelo» a los ciudadanos que el Ejecutivo andaluz se refiera al fallo del TSJA como una «cuestión técnica» y advirtió de que su partido insistirá para que se adopten medidas y se investigue la tramitación de la ayuda en el Parlamento.
Sobre Chaves, aseguró que «no debería tener ningún problema» en que se investigue si considera que su «conducta fue intachable» y en el que la Junta de Andalucía le abriera un expediente, una decisión que «adoptará antes o después, forzada por los jueces».
«Con toda sinceridad, Chaves y Griñán tienen que practicar ejemplo, ya que la ley obliga a todos, empezando por los gobernantes», concluyó.
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