María Gámez regatea a "Malaya"

La candidata socialista a la Alcaldía se cae de la lista de testigos solicitados inicialmente por la defensa de Roca

La delegada de la Junta en Málaga y candidata del PSOE a la Alcaldía, María Gámez, se ha caído de la lista de testigos propuestos por Juan Antonio Roca para declarar en el juicio del «caso Malaya». La defensa del principal imputado había reclamado el testimonio de Gámez en la vista oral para que ratificara un informe sobre convenios urbanísticos firmado por ella en 2009. Sin embargo, las aclaraciones del abogado de la Junta, personada como acusación popular en el procedimiento, de que la delegada se limitó a rubricar el documento han provocado que Roca sustituya su declaración por la del técnico que elaboró el citado informe.

«Lo que interesa es que la persona que hizo el documento confirme su contenido», explican fuentes cercanas a la defensa del principal acusado. Este escrito se redactó en 2009 a petición del propio Roca, que se interesó por la cantidad de convenios urbanísticos que la Junta ha impugnado en Marbella. La contestación, según las fuentes, es que no ha impugnado ninguno, a diferencia de lo que ha ocurrido con las licencias, y que estos «no son vinculantes» hasta que no se incorporan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Roca aludió hace unos días durante su declaración a este informe y apuntó, respecto a su contenido, que «difícilmente se puede impugnar algo que firman dos partes que están de acuerdo».

El testimonio del autor del informe se escuchará en pocas semanas y la sustitución de la delegada por el técnico ha recibido el visto bueno del tribunal de «Malaya». Esta testifical está incluida en la parte del juicio sobre la operación Crucero Banús, la que se juzga ahora y que será retomada tras las fiestas navideñas. La Fiscalía acusa por este negocio a Roca, Pedro Román, Florencio San Agapito y Juan Germán Hoffmann, que durante su declaración no han reconocido ninguna de las irregularidades que se les imputan.

Según Anticorrupción, los cuatro articularon la operación a través de la sociedad suiza Lispag AG, con la que compraron un suelo en Marbella por 4,3 millones de euros que vendieron un año más tarde por más de diez millones, es decir, lograron unas plusvalías superiores a los seis millones de euros. Roca reconoció el uso de «dinero opaco» no declarado en España, aunque «lícito», para asumir su parte del negocio.

El juicio del «caso Malaya» se retomará el próximo 10 de enero con la declaración como testigos de varios policías que elaboraron los informes sobre la operación Crucero Banús. Está prevista la intervención de varios agentes de la Udef de Madrid y de la Udyco Costa del Sol.

Fuente:ABCdeSevilla.es