miércoles, 15 de diciembre de 2010

El año en el que el Ministerio de Igualdad dijo adiós

A pesar de la defensa acérrima que el Gobierno hizo siempre del Ministerio de Igualdad, la tempestad económica pudo con el barco de Bibiana Aído en un año en el que entró en vigor la reforma de la ley del aborto y el machismo mostró su cara más cruel con el repunte de víctimas de violencia de género.

No debió ser fácil para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, renunciar a su apuesta personal. Un Ministerio que desde su creación, en 2008, recibió al igual que su ministra titular numerosas críticas por parte de la oposición y muchos elogios de las asociaciones de mujeres.

Tras varias iniciativas en el Congreso que instaban al Ejecutivo a suprimirlo para reducir los gastos del Estado por la crisis, "el barco más frágil y el que más olas soporta", como lo definió la catedrática Amelia Valcárcel, no aguantó la tormenta: Zapatero remodeló el Gobierno y prescindió de él.

Sus competencias las asumió el Ministerio de Sanidad y Política Social que incluyó Igualdad en su nombre oficial y pasó a ser dirigido por Leire Pajín, mientras que su amiga Aído bajó de rango y fue nombrada secretaria de Estado del ramo.

Pajín, horas antes de tomar posesión de su cargo, ya se enfrentó a comentarios ofensivos que, lejanos a la igualdad, le profirió el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. El "exceso verbal" del regidor provocó inmediatamente la indignación sobre todo del Gobierno y del PSOE.

La aprobación en febrero de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo tampoco estuvo exenta de críticas, esta vez por parte del PP, que recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional.

Las asociaciones pro vida también se dejaron oír y convocaron varias marchas por toda España a las que acudieron miles de personas para manifestarse en contra de la ley, que permite a las mujeres mayores de 16 años abortar hasta la semana 14 de gestación sin la obligatoriedad de informar a sus padres si alegan conflicto familiar.

La norma entró en vigor el 5 de julio con el frontal rechazo de las comunidades de Murcia y Navarra, mientras el Gobierno insistió en que debía aplicarse en todas las autonomías sin excepción y confió en su plena constitucionalidad.

Aunque el alto tribunal por el momento no ha emitido su fallo definitivo, sí rechazó la petición del PP de suspender cautelarmente la ley.

Esto ocurrió en un año, en el que las mujeres han seguido siendo víctimas de la lacra machista, a pesar de que el Ejecutivo y las distintas administraciones han intentado sensibilizar a los ciudadanos para que sacaran "tarjeta roja al maltratador".

Ya casi son 70 las asesinadas y la denuncia sigue siendo una de las asignaturas pendientes: el 80 por ciento de las maltratadas que fueron asesinadas por su pareja o ex pareja en 2010 no había denunciado.

Que los jueces recurran más a los dispositivos GPS para los agresores como medida para proteger a las mujeres que sufren malos tratos también está pendiente, así lo reconoció el extinto ministerio de Aído.

Precisamente los jueces fueron los que criticaron a Pajín tras anunciar, en el Día Internacional contra la Violencia de Género, que el Gobierno prevé en 2011 modificar el Código Civil para que los maltratadores no puedan ejercer la custodia de sus hijos.

Los jueces tacharon de innecesaria, propagandística y peligrosa la reforma.

Durante la presidencia española de la UE la lucha contra la violencia de género también fue una de las prioridades del Gobierno y consiguió impulsar varias iniciativas como la creación de un observatorio europeo y un teléfono contra el maltrato para los estados miembros.

El Ejecutivo también intentó sacar adelante una orden europea de protección para las mujeres maltratadas, que por el momento continúa su trámite.

El uso del burka en España fue otro de los asuntos que provocó el debate en 2010, después de que un instituto de Madrid prohibiera asistir a clase a una alumna por llevar el velo islámico.

De hecho, el Senado instó a la prohibición del uso del velo integral en todos los espacios públicos, mientras que ayuntamientos como el de Lleida o el de Galapagar (Madrid) acordaron que se vetara en los edificios municipales.

Así transcurrió 2010, entre polémicas y debates que seguramente continuarán el año que está por empezar.

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