martes, 21 de diciembre de 2010

El 35% de centros de educación especial están desbordados



Chamizo reclama un plan urgente de reordenación para estos colegios.
Ayer en el Parlamento andaluz un informe pionero sobre la situación de la educación especial en Andalucía en base al cual reclamó "la puesta en marcha inaplazable de un Plan Global de Reordenación, Modernización y Calidad" de estos colegios que actualmente atienden a 3.570 niños con algún tipo de discapacidad, un 10% de los cuales en Córdoba. Y es que, según los datos que maneja la oficina del Defensor del Menor, el 35% de los colegios que ofertan plazas para niños con necesidades especiales no pudieron atender en el último año todas las solicitudes de ingreso "por falta de espacio, falta de recursos personales o materiales, por la decisión de los equipos de orientación educativa o por la negativa de la Administración a la ampliación del concierto".
Según Chamizo, el plan debería incluir además "una remodelación de las infraestructuras de estos colegios, ya que muchas de ellas carecen de las condiciones adecuadas para atender a su alumnado con unos estándares mínimos de calidad". El informe atiende a unas necesidades de futuro que se basan en la "tendencia actual en la escolarización a un aumento considerable de menores muy afectados, con graves problemas de salud que demandan su ingreso en el sistema educativo a edades cada vez más tempranas", así como a un número cada vez mayor de alumnos "con graves trastornos de conducta procedentes de centros ordinarios para los que la solución no puede estar en centros específicos sino en fórmulas de inclusión". La investigación confirma así "el fracaso de las políticas de integración e inclusión en las Enseñanzas de Educación Secundaria", principalmente, debido a la escasez de recursos materiales y personales con que cuentan los institutos.
Por lo que respecta a la educación especial en Córdoba, la provincia cuenta con un único centro de titularidad pública y ocho más de titularidad privada que, siendo los que atienden a la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales, según denuncia Chamizo, "carecen de cualquier tipo de normativa reguladora".

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