El Defensor cree que la Comisión de Distrito Único cometió un "error de cálculo" al fijar en 0,2 el parámetro de ponderación para alumnos de FP.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha instado a las autoridades educativas de la comunidad a que apremien al Ministerio de Educación para que realice una "definición inmediata de los tres temarios que integrarán la fase específica" de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) a la que se tendrán que enfrentar, por primera vez el próximo mes de junio, los titulados de Formación Profesional (FP) para acceder a los estudios universitarios en el curso 2011-2012.
Según una resolución de la Defensoría a la que tuvo acceso Europa Press, esta petición pretende "evitar que puedan repetirse situaciones como las producidas en el acceso universitario en el presente curso y de forma que quede garantizada la igualdad en el acceso a los centros educativos públicos".
Como se recordará, la puesta en marcha del nuevo Real Decreto de acceso a la Universidad generó críticas tanto por parte de los alumnos de Bachillerato como por parte de los de FP, ya que ambos se sintieron agraviados por esta norma que permitía a los alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior, a diferencia de los bachilleres que se examinaban de la PAU, acceder a los estudios académicos sin tener que realizar ninguna prueba y con la nota media ponderada de su ciclo como nota de corte.
Por ello, Chamizo también pide a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía que analice los resultados obtenidos en el pasado proceso de adjudicación de plazas universitarias y que elabore "con criterios de prudencia y suficiente previsión" unas "conclusiones objetivas que puedan facilitar decisiones futuras respecto al acceso a la Universidad".
Sobre todo, recalca, porque "como parecen apuntar los datos conocidos, el resultado práctico del nuevo sistema es que se facilita notoriamente el acceso a determinados estudios especialmente demandados desde la Formación Profesional", por lo que, según advierte Chamizo, "es evidente que a medio plazo muchos alumnos que ahora optan por estudiar Bachillerato como antesala al acceso a la Universidad, cambiarán su opción y se decantarán por los ciclos formativos".
En el recién concluido proceso de acceso a las universidades públicas andaluzas, según datos del Distrito Único Andaluz a los que tuvo acceso Europa Press, una media del 84,2 por ciento del alumnado que consiguió una plaza en las universidades públicas andaluzas había estudiado Bachillerato y aprobado la PAU, frente al 15,8 por ciento que procedía de FP. Sin embargo, en ramas como las de Ciencias de la Salud o Arquitectura e Ingenierías --algunas de las más demandadas--, el porcentaje de estudiantes de Ciclos Formativos se elevó al 25,8 y al 20,7 por ciento, respectivamente.
De formalizarse esta situación, el Defensor asegura que "podría darse la paradoja de que unos estudios de FP, diseñados específicamente para formar profesionales que puedan incorporarse con rapidez y garantías al mercado laboral, pasen a convertirse en niveles educativos de preparación universitaria para determinados estudios muy demandados, mientras que los estudios de bachillerato, que se diseñaron precisamente con el objetivo de formar a los futuros universitarios, pasen a acoger únicamente a aquellos estudiantes que aspiran a cursar grados universitarios con escasa demanda".
De ahí que, en opinión de la Defensoría andaluza, "hubiera resultado más acertado que el nuevo sistema de acceso se hubiera determinado con una antelación mínima de dos cursos académicos completos antes de su entrada en vigor, para que los alumnos que culminaban sus estudios de ESO hubieran tenido la posibilidad de decidir con pleno conocimiento cuál era la mejor opción educativa para conseguir sus aspiraciones formativas universitarias", si la FP o el Bachillerato.
"CIERTO APRESURAMIENTO"
Por todo ello, Chamizo asegura que echa en falta que el Ministerio de Educación no haya utilizado "una mayor dosis de previsión y planificación en la determinación y puesta en práctica del nuevo modelo, habida cuenta las importantes consecuencias que tales decisiones conllevan para un importante colectivo social" como el alumnado.
"Una decisión de este tipo, que implica modificar sustancialmente un sistema de acceso de larga tradición y raigambre en nuestro sistema educativo, debería haberse adoptado con tiempo suficiente antes de su entrada en vigor y después de un profundo estudio de las consecuencias prácticas que podría conllevar para los colectivos afectados el cambio operado en un sistema que, no lo olvidemos, en la medida en que es selectivo implica dar prioridad a unos alumnos sobre otros en el acceso a determinados estudios especialmente demandados", puntualiza el Defensor.
Pero Chamizo no sólo critica al Ministerio de Educación por su precipitada gestión a este respecto, sino que también difiere de la modificación de los parámetros de ponderación que la Comisión de Distrito Único aplicó en Andalucía a los módulos de FP que mayor correlación tenían con los estudios superiores a los que los alumnos quisieran acceder. Según recoge la mencionada resolución, mientras que la mayoría de Universidades españolas mantuvieron dichos parámetros de el 0,1 por "razones de prudencia", las andaluzas lo fijaron en el 0,2 para familias profesionales completas y no por módulos concretos, como hicieron el resto y que era lo que exigía el Real Decreto de acceso a las Universidades.
"Parece deducirse de lo ocurrido en Andalucía que la Comisión de Distrito Único Andaluz, al fijar en el 0,2 el parámetro de ponderación para los alumnos provenientes de Ciclos Formativos, pecó de cierto apresuramiento o de un error de cálculo, al no tomar suficientemente en consideración las consecuencias que podrían derivarse de la aplicación práctica del mismo", lamenta.
RECOMENDACIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO
Hecho este análisis, el Defensor recomienda al Ministerio de Educación de cara al procedimiento de admisión universitaria correspondiente al próximo curso 2011-2012, que, en primer lugar, perfile las características de la prueba específica a la que se tendrán que enfrentar este año quienes cuenten con títulos de Técnico Superior de Formación Profesional.
Asimismo, sugiere a la Administración educativa estatal que defina de forma inmediata los temarios de los que hayan de examinarse estos alumnos, y a la autonómica que "prepare el desarrollo de la prueba y apruebe los parámetros de ponderación de los temarios que considere más idóneos para seguir con éxito las enseñanzas universitarias oficiales de Grado".
Todo ello, con la intención de evitar que vuelvan a reproducirse situaciones "como las que se han vivido para el acceso al curso universitario 2010-2011, en el que la falta de información adecuada ha sido fuente de conflictos y de merma de expectativas".
