La institución lamenta que el Ayuntamiento "no haya mostrado su disposición favorable a una resolución adecuada del problema"
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha resuelto incluir en su informe anual de 2010 al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), por la "no aceptación" de una resolución emitida por esta institución para instar al Consistorio a revisar un decreto de Alcaldía. En concreto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "lamenta" que el Ayuntamiento no haya "aceptado" revisar el decreto de Alcaldía que denegaba la personación de la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón), en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a cuenta del expediente promovido contra la esposa del alcalde por la "infracción urbanística" detectada en las obras consumadas en el cortijo del matrimonio.
Como se recordará, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla había atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón, gobernado por Manuel Morilla, por la esposa de éste, Ana F.V. Si bien el Ministerio Público había esgrimido la prescripción de los hechos a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil, su cónyuge y el arquitecto municipal, advertía también de que es "indiscutible" que los trabajos superaban "notoriamente" lo autorizado y de que la construcción "no es legalizable".
El Ayuntamiento, en paralelo, había incoado un expediente sancionador contra la esposa del primer edil ante la posible comisión de una "infracción urbanística" en estas obras, según un anuncio de inicio de expediente sancionador recogido por Europa Press y que ya admitía que "se han realizado obras en el caserío, que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004".
Los independientes de Morón habían promovido su personación tanto en este expediente sancionador, como en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a tal efecto, si bien mediante decretos de Alcaldía, el Ayuntamiento había denegado tanto tal extremo, como tramitar la recusación de una serie de cargos municipales implicados en tales procedimientos bajo la premisa de que esta fuerza política no era "parte interesada" en los hechos. En concreto, una resolución de Alcaldía fechada el 14 de septiembre de 2010 desestimaba la personación de la Asamblea Moronera Alternativa en ambos expedientes y otra fechada el 12 de noviembre rechazaba el recurso de reposición formulado por los independientes contra la primera resolución de Alcaldía.
EL CASO LLEGA A CHAMIZO
Elevadas estas resoluciones de Alcaldía a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la institución de José Chamizo señalaba en una resolución emitida el 15 de noviembre de 2010 que el Real Decreto Legislativo 2/2008 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, "proclama que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística". A tal efecto, instaba al Ayuntamiento a revisar el decreto de Alcaldía emitido el 14 de septiembre al objeto de que esta fuerza política fuese considerada como parte en el procedimiento relativo a la restitución de la legalidad urbanística, instando además a la resolución de las "peticiones" relativas a la recusación de cargos.
Sin embargo, en último documento fechado el 30 de diciembre de 2010, la institución que dirige Chamizo da cuenta de que la respuesta del Ayuntamiento a sus requerimientos argumenta que los expedientes incoados en torno a este caso "se están tramitando por iniciativa municipal y no por el ejercicio de la acción pública por parte de esta Asamblea". "Entendemos que la respuesta no atiende al contenido del recordatorio formulado, rehusando la revisión del decreto cuestionado. En definitiva, no se acepta la resolución que se hizo llegar a esta institución", resume la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en este último documento recogido por Europa Press.
Dado el caso, Chamizo advierte en este documento de que, dada la "no aceptación" de su resolución, la actuación del Ayuntamiento de Morón de la Frontera será incluida, con carácter negativo, en el informe anual de la institución, "dando cuenta al Parlamento de Andalucía de la no aceptación del mencionado recordatorio de deberes legales". Finalmente, la Oficina del Defensor del Pueblo "lamenta en todo caso que la Administración local no haya mostrado su disposición favorable a una resolución adecuada del problema planteado".
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha resuelto incluir en su informe anual de 2010 al Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), gobernado por Manuel Morilla (PP), por la "no aceptación" de una resolución emitida por esta institución para instar al Consistorio a revisar un decreto de Alcaldía. En concreto, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "lamenta" que el Ayuntamiento no haya "aceptado" revisar el decreto de Alcaldía que denegaba la personación de la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón), en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a cuenta del expediente promovido contra la esposa del alcalde por la "infracción urbanística" detectada en las obras consumadas en el cortijo del matrimonio.
Como se recordará, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla había atisbado un posible delito contra la ordenación del territorio en las obras acometidas en la finca Zafra bajo la licencia de obras solicitada al Ayuntamiento de Morón, gobernado por Manuel Morilla, por la esposa de éste, Ana F.V. Si bien el Ministerio Público había esgrimido la prescripción de los hechos a la hora de archivar las diligencias incoadas contra el primer edil, su cónyuge y el arquitecto municipal, advertía también de que es "indiscutible" que los trabajos superaban "notoriamente" lo autorizado y de que la construcción "no es legalizable".
El Ayuntamiento, en paralelo, había incoado un expediente sancionador contra la esposa del primer edil ante la posible comisión de una "infracción urbanística" en estas obras, según un anuncio de inicio de expediente sancionador recogido por Europa Press y que ya admitía que "se han realizado obras en el caserío, que van más allá de una simple rehabilitación o conservación", incluyendo "estructuras de reciente construcción que hacen suponer que se ha procedido a la demolición y nueva planta, actuaciones que exceden la licencia de fecha 1 de marzo de 2004".
Los independientes de Morón habían promovido su personación tanto en este expediente sancionador, como en el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico incoado a tal efecto, si bien mediante decretos de Alcaldía, el Ayuntamiento había denegado tanto tal extremo, como tramitar la recusación de una serie de cargos municipales implicados en tales procedimientos bajo la premisa de que esta fuerza política no era "parte interesada" en los hechos. En concreto, una resolución de Alcaldía fechada el 14 de septiembre de 2010 desestimaba la personación de la Asamblea Moronera Alternativa en ambos expedientes y otra fechada el 12 de noviembre rechazaba el recurso de reposición formulado por los independientes contra la primera resolución de Alcaldía.
EL CASO LLEGA A CHAMIZO
Elevadas estas resoluciones de Alcaldía a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la institución de José Chamizo señalaba en una resolución emitida el 15 de noviembre de 2010 que el Real Decreto Legislativo 2/2008 que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, "proclama que todos los ciudadanos tienen derecho a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística". A tal efecto, instaba al Ayuntamiento a revisar el decreto de Alcaldía emitido el 14 de septiembre al objeto de que esta fuerza política fuese considerada como parte en el procedimiento relativo a la restitución de la legalidad urbanística, instando además a la resolución de las "peticiones" relativas a la recusación de cargos.
Sin embargo, en último documento fechado el 30 de diciembre de 2010, la institución que dirige Chamizo da cuenta de que la respuesta del Ayuntamiento a sus requerimientos argumenta que los expedientes incoados en torno a este caso "se están tramitando por iniciativa municipal y no por el ejercicio de la acción pública por parte de esta Asamblea". "Entendemos que la respuesta no atiende al contenido del recordatorio formulado, rehusando la revisión del decreto cuestionado. En definitiva, no se acepta la resolución que se hizo llegar a esta institución", resume la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en este último documento recogido por Europa Press.
Dado el caso, Chamizo advierte en este documento de que, dada la "no aceptación" de su resolución, la actuación del Ayuntamiento de Morón de la Frontera será incluida, con carácter negativo, en el informe anual de la institución, "dando cuenta al Parlamento de Andalucía de la no aceptación del mencionado recordatorio de deberes legales". Finalmente, la Oficina del Defensor del Pueblo "lamenta en todo caso que la Administración local no haya mostrado su disposición favorable a una resolución adecuada del problema planteado".
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