viernes, 21 de enero de 2011

PSOE emplaza al PP a sustituir a Enrique López por un magistrado del Supremo

Renovación del Constitucional

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -



El PSOE y el PP han vuelto a escenificar el bloqueo de la renovación parcial del Tribunal Constitucional que tiene pendiente el Congreso desde diciembre. Los 'populares' insisten en promover a Enrique López, el que fuera portavoz del Consejo de Poder Judicial (CGPJ) en los años de mayoría absoluta de José María Aznar, al considerar que ya ha cumplido el requisito de 15 años de ejercicio profesional que se alegó para vetarle hace meses en el Senado, pero los socialistas reiteran su rechazo por no ser magistrado del Tribunal Supremo, sino de la Audiencia Nacional.
El concurso de los dos grandes partidos es imprescindible para aprobar en el Congreso los nombramientos de los cuatro magistrados que hay que renovar. El plazo para presentar candidatos se abrió el 30 de noviembre y, tras varias prórrogas, el presiden te del Congreso, José Bono, decidió suspender el proceso a finales de diciembre a la espera de que PSOE y PP se pongan de acuerdo.
Socialistas y 'populares' aseguran tener ya preparados sus nombres (dos cada uno) pero el escollo sigue siendo Enrique López, que fue promovido por el PP en todos los Parlamentos autonómicos para su elección por el Senado pero la Cámara Alta lo vetó alegando que no cumplía el requisito de 15 años de ejercicio profesional. Los 'populares' recurrieron ante el Constitucional, que inadmitió la impugnación sin entrar en el fondo del asunto.



EL PP CREE QUE YA CUMPLE LOS REQUISITOS



La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró esta semana que, pasados estos meses, López ya cumple ese requisito legal de los 15 años de ejercicio profesional. "Los posibles temas de dificultades legales que pudo argumentar en su momento (el PSOE) frente a algún candidato no eran ciertos pero ahora están superados por el tiempo", dijo en TVE.
Sin embargo, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha dado a entender que el problema no son tanto los años de ejercicio como su destino profesional, y en ese sentido ha asegurado que siempre se ha elegido a catedráticos o a magistrados del Tribunal Supremo, no de otras instancias como la Audiencia nacional (caso de Enrique López). Algún año se propuso un abogado, pero se trataba de alguien que había presidido el Consejo General de a Abogacía (Eugenio Gay).
"Es una exigencia histórica", ha proclamado, emplazando al PP a que, si propone un magistrado, sea alguien del Tribunal Supremo, porque así ya no habría lugar a discutir la cualificación profesional del candidato. "Si lo hacen, lo aceptamos mañana --retó--. Díganme si no tiene candidatos el PP en el Supremo o entre los catedráticos".
Todo ello, proclamó Alonso, sin tratar de discutir el prestigio de Enrique López o de otros candidatos. "Sin despreciar a nadie", enfatizó.
Pero el PP ha avisado de que no acepta imposiciones y que si su candidato cumple los requisitos legales (la ley no pone listón a los magistrados ni detalla de qué instancia deben proceder), el PSOE debe aceptarlo "como se ha hecho siempre". "Hay que cumplir la ley, que marca los requisitos y el PSOE no puede poner peros cuando se cumplen los requisitos", ha recalcado este miércoles Sáenz de Santamaría.
Aunque los dos portavoces prometen esfuerzos en aras de ese acuerdo, Sáenz de Santamría ha insistido en que dialogar "lleva a las partes, y especialmente al PSOE, a no tratar de imponer".



OTRAS RENOVACIONES PENDIENTES




Y la renovación del TC no es la única que tienen que pendiente los dos grandes partidos. En su agenda está desde julio el relevo del defensor del Pueblo, la sustitución de seis de los 12 miembros del Consejo de Administración de RTVE y la renovación completa del Tribunal de Cuentas, que terminó mandato en noviembre.
Así las cosas, las formaciones minoritarias se han ofrecido a desbloquear la negociación con sus propios candidatos. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, sostiene que este "empate infinito" entre PSOE y PP está dañando instituciones "delicadas", por lo que no descarta lanzar sus propias propuestas.

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