El PP, a favor de privatizar las televisiones autonómicas

Según Saenz de Santamaría, las televisiones ganarían en eficacia sin suponer un gasto para los contribuyentes

EP/ MADRID - 19 enero 2011

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha mostrado su confianza en que el Partido Socialista vaya a apoyar la reforma legal presentada por los 'populares' para permitir a las comunidades la posibilidad de que una empresa privada gestione su televisión autonómica.

Sáenz de Santamaría basa su convicción en las palabras del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien se opuso a surpir órganos autonómicos como los defensores del Pueblo pero en cambio aconsejó reflexionar a las comunidades sobre si deben o no tener una televisión pública autonómica. "Parece que está de acuerdo con esta cuestión", sostiene la portavoz del PP.

Concretamente, el Grupo Popular presentó el pasado noviembre en el Congreso una proposición de ley para que aquellas comunidades autónomas que lo deseen puedan encargar a una empresa privada la gestión de sus televisiones públicas autonómicas, es decir, privatizarlas.Sin gasto para el contribuyenteSegún ha explicado la portavoz 'popular', esta iniciativa no supondría un gasto para los contribuyentes y tiene por objetivo lograr que sea "lo más eficaz" posible esa gestión de las televisiones públicas autonómicas."Se debe permitir a las comunidades autónomas elegir otras formas de gestión, como puede ser la gestión indirecta, en que garantizándose el pleno cumplimiento de las obligaciones constitucionales, como el pluralismo y la libertad, pueda ser una empresa privada la que se encargue sin ningún tipo de coste", ha argumentado.

Pendiente del informe del Gobierno a finales de diciembre, Sáenz de Santamaría señaló igualmente que su formación se mantenía "pendiente" del informe del Gobierno, sobre si aceptará o no el debate de esta proposición de ley, para que las comunidades puedan decidir entre distintas fórmulas de gestión de sus entes públicos, incluyendo su privatización.El Gobierno, conforme a la legislación española, debe estudiar todas las proposiciones de ley que registran los grupos parlamentarios en la Cámara baja y tiene capacidad de vetar el debate de aquellas que supongan exceso de gasto o minoración de ingresos.