sábado, 22 de enero de 2011

Las cajas piden seguridad jurídica ante la nueva reforma del Gobierno

  • Las cajas de ahorros reclaman seguridad jurídica ante el nuevo plan del Gobierno para acelerar el proceso de reestructuración del sector, confirmado ayer por el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Las entidades, que en privado afirman desconocer por completo los planes del Ejecutivo, reclaman que se clarifique con urgencia el marco normativo de las cajas. En el sector hay total desconcierto sobre la nueva vuelta de turca a las entidades y se avisa que la incertidumbre generada puede provocar el efecto contrario al buscado: retrasar aún más la reconversión pendiente y la recuperación económica, y poner nuevas obstáculos a los procesos más avanzados.

Discreción
Tras la avalancha de especulaciones de los últimos diez días, Rubalcaba certificó ayer que el Gobierno está preparando un plan para aumentar “la solvencia y la credibilidad” del sector, lo que pasa por un reforzamiento de su capital y un mayor ejercicio de transparencia, vinculado, principalmente, a la exposición a los riesgos inmobiliario y constructor. El vicepresidente aseguró que los trabajos se están realizando en contacto con el Ministerio de Economía, el Banco de España y la patronal Ceca, “con la discreción que requiere un proceso de esta naturaleza”.

Rubalcaba indicó que “no se tardará mucho” en presentar el plan, aunque no precisó un calendario. Tampoco detalló si el objetivo último es la conversión de las cajas en bancos, y si esta meta podría llegar a forzarse por la vía del decreto ley.

“Estamos trabajando en el contenido”, dijo el vicepresidente, que apuntó que aún no se ha llegado a la fase de analizar “cómo se articulará”. Avisó, no obstante, que si finalmente se considera que hay que hacer cambios jurídicos, se harán.

Rubalcaba también se refirió a los nuevos test de estrés a la banca, en los que ya trabajan los supervisores europeos y cuyos resultados se conocerán antes del verano. Aunque las entidades españolas presentan los mismos niveles de solvencia ya demostrados por los anteriores test de estrés, algunas variables macroeconómicas han cambiado desde entonces y aconsejarían un plus de solvencia.

“Están jugando con fuego”, aseguran en una caja. Las entidades subrayan que la bancarización del sector impulsada por el Ejecutivo y el Banco de España no sólo haría saltar por los aires la reforma del traje a medida, pactada hace menos de un año con el presidente de Ceca, Isidro Fainé, contrario a los nuevos planteamientos del Gobierno, sino que también ha generado “una ceremonia de la confusión” que ya está pesando sobre el sector. “Los cambios legales para ir por atajos se pagan muy caros”, apuntan en otra caja.

El primer peaje a pagar sería el retraso de la recapitalización privada de las cajas, el gran objetivo del Gobierno y el Banco de España. “Los inversores no participarán en un proyecto si perciben que sus gestores no creen en él y que han sido obligados a seguir ese camino por decreto ley”, señalan fuentes financieras. Otras matizan que el posible efecto adverso del cambio de la Ley de Cajas, tan sólo seis meses después de ser aprobada, se puede matizar si la reforma va “en la buena dirección”.

Lo que más preocuparía es que las intenciones del Gobierno pasen por inyectar en las próximas semanas capital público en las cajas para dotarles de mayor solvencia. Éste es uno de los objetivos expresados ayer por Rubalcaba: “este punto genera muchas dudas, ya que no sabemos cómo se van a valorar las entidades y si van a entrar funcionarios públicos en los consejos. Hay poco tiempo para hacer de manera correcta este tipo de cambios tan profundos”, apuntan desde uno de los grandes SIP.

Tiempos
Aunque se desconocen los tiempos con los que trabaja el Gobierno, se espera que los cambios se concreten en los próximos días, en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

Economía tendría como objetivo lograr un gran consenso dentro y fuera del sector financiero. Se es consciente del coste que tendría para las cajas y la propia economía española la adopción de medidas drásticas que no contaran con el apoyo de los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas. “La pelota está en el tejado político”, dicen en una caja.

El Frob ha precisado que la decisión última sobre “las propuestas legislativas corresponden al Gobierno”.

Fuente:expansión.com

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