José Chamizo, defensor del pueblo en Andalucía ha pedido a Educación que se regule un protocolo de actuación para el cambio de colegio en caso de familias separadas y se facilite el acceso de ambos progenitores a la información escolar de sus hijos.
La separación de la unidad familiar suele tener víctimas inocentes cuando no se lleva con serenidad y moderación; los niños son los peores parados cuando sucede. El cambio de colegio es lo suficientemente trascendental para que ambos progenitores deban estar de acuerdo en realizarlo. Esa es una de las medidas que propone el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, en la resolución elevada el pasado 18 de enero a la consejería de Educación.
En su escrito, la oficina dirigida por José Chamizo pide que se regule el cambio o traslado de un centro escolar con atención a la necesidad de conformidad de ambos progenitores. Textualmente, pide que la administración se asegure que “cuenta con el consentimiento expreso” de ambos padres, independientemente del titular de la guardia y custodia cuando la patria potestad sea compartida.
Para el defensor del pueblo andaluz, el cambio de colegio es lo suficientemente trascendente para los niños como para que los padres tengan que ponerse de acuerdo y, si no es posible, un juez deberá resolver la controversia. En esta resolución, Chamizo cita la importancia de "la elección de un colegio público, concertado o privado" y los cambios de "una educación laica a religiosa o viceversa" que puede acarrear el traslado de centro del menor. Pero también se insiste en "que dicho cambio va a generar una alteración sustancial de sus amigos y compañeros", además de que el chico deberá adaptarse a un nuevo profesorado y "a un nuevo sistema de enseñanza". Chamizo señala, además, que dentro del ámbito educativo, sería válida la decisión unilateral del cónyuge que tenga la custodia para "las decisiones relativas a excursiones, actividades escolares no habituales, solicitud de becas y otras ayudas al estudio" o clases "extraescolares no periódicas".
Finalmente, en este escrito también se hace hincapié en la necesidad de regular que sean ambos padres los que puedan acceder a la información “sobre el proceso escolar de sus hijos”. En su resolución el defensor sostiene que este es un problema recurrente “habida cuenta del incremento de rupturas de las relaciones familiares (separaciones o divorcios” y el número de quejas que se están presentando en su oficina.
Este es un problema que viene de lejos. Muchos padres y madres separados se sienten excluidos de decisiones importantes sobre sus hijos y apartados de su desarrollo educativo. En una sociedad donde el concepto de familia está cambiando, es interesante que las resoluciones y reglamentaciones se adapten a las nuevas situaciones en beneficio de los menores, que no deben sumar padecimientos al ya difícil de por sí problema de readaptación que conlleva la separación de uno de sus progenitores.
La separación de la unidad familiar suele tener víctimas inocentes cuando no se lleva con serenidad y moderación; los niños son los peores parados cuando sucede. El cambio de colegio es lo suficientemente trascendental para que ambos progenitores deban estar de acuerdo en realizarlo. Esa es una de las medidas que propone el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, en la resolución elevada el pasado 18 de enero a la consejería de Educación.
En su escrito, la oficina dirigida por José Chamizo pide que se regule el cambio o traslado de un centro escolar con atención a la necesidad de conformidad de ambos progenitores. Textualmente, pide que la administración se asegure que “cuenta con el consentimiento expreso” de ambos padres, independientemente del titular de la guardia y custodia cuando la patria potestad sea compartida.
Para el defensor del pueblo andaluz, el cambio de colegio es lo suficientemente trascendente para los niños como para que los padres tengan que ponerse de acuerdo y, si no es posible, un juez deberá resolver la controversia. En esta resolución, Chamizo cita la importancia de "la elección de un colegio público, concertado o privado" y los cambios de "una educación laica a religiosa o viceversa" que puede acarrear el traslado de centro del menor. Pero también se insiste en "que dicho cambio va a generar una alteración sustancial de sus amigos y compañeros", además de que el chico deberá adaptarse a un nuevo profesorado y "a un nuevo sistema de enseñanza". Chamizo señala, además, que dentro del ámbito educativo, sería válida la decisión unilateral del cónyuge que tenga la custodia para "las decisiones relativas a excursiones, actividades escolares no habituales, solicitud de becas y otras ayudas al estudio" o clases "extraescolares no periódicas".
Finalmente, en este escrito también se hace hincapié en la necesidad de regular que sean ambos padres los que puedan acceder a la información “sobre el proceso escolar de sus hijos”. En su resolución el defensor sostiene que este es un problema recurrente “habida cuenta del incremento de rupturas de las relaciones familiares (separaciones o divorcios” y el número de quejas que se están presentando en su oficina.
Este es un problema que viene de lejos. Muchos padres y madres separados se sienten excluidos de decisiones importantes sobre sus hijos y apartados de su desarrollo educativo. En una sociedad donde el concepto de familia está cambiando, es interesante que las resoluciones y reglamentaciones se adapten a las nuevas situaciones en beneficio de los menores, que no deben sumar padecimientos al ya difícil de por sí problema de readaptación que conlleva la separación de uno de sus progenitores.
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