- La Junta y los Ayuntamientos discrepaban sobre quién tenía la competencia - La nueva ley empezará a aplicarse sin controles en las tres ciudades
A dos días de la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, la Consejería de Salud ha decidido asumir las competencias de las inspecciones en los bares y restaurantes de Sevilla, Málaga y Granada, los tres únicos municipios que, según la Junta, tenían hasta ahora las competencias para inspeccionar y sancionar los incumplimientos de la ley. El problema es que los tres Ayuntamientos no lo han entendido así, por lo que desde que, en enero de 2006, entró en vigor la actual norma antitabaco no se han hecho inspecciones en los establecimientos hosteleros de estas tres capitales.
Ante la perspectiva de abordar la nueva ley sin posibilidad de aplicarla en las tres ciudades más grandes de Andalucía, Salud ha optado por asumir las inspecciones, según anunció ayer la consejera María Jesús Montero. "No tiene sentido el debate, se ha creado una especie de vacío legal", afirmó Montero, quien insistió en que la Junta "siempre ha entendido" que las competencias son de estos tres Ayuntamientos.
El problema surge de un embrollo legal en el que cada administración interpreta la norma según sus intereses. La argumentación de la Junta es que Sevilla, Málaga y Granada constituyen una excepción desde que, en un muy lejano 1955, los inspectores locales pasaron a ser inspectores del Estado, salvo en algunas ciudades, entre ellas estas tres. Cuando se transfirió la competencia de inspección a Andalucía, la Junta se hizo cargo de los controles sanitarios en todos los municipios salvo en estos, donde siguieron en manos municipales, según la explicación de la Consejería.
La ley antitabaco de 2006 (y también la nueva) dispone que "los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (...) ejercerán las funciones de control e inspección" y el Gobierno andaluz entiende que la Consejería es ese "órgano competente" para todos los municipios excepto para estas tres capitales, en las que Salud ni siquiera dispone de inspectores. Los Ayuntamientos, sin embargo, creen que ese artículo de la ley no ofrece dudas de que la competencia es autonómica y recuerdan que también lo entendió así el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una resolución de 2008.
En medio de este tira y afloja, la ley antitabaco lleva cinco años impune en Sevilla, Málaga y Granada. La medida anunciada ayer pasa por que la Junta contrate a tres inspectores (uno por ciudad) para que controle el cumplimiento de la norma en los bares y restaurantes. La decisión de adoptó ayer mismo y, mientras se tramitan los contratos, la nueva ley entrará en vigor sin inspecciones en las tres principales ciudades.
Controles y denuncias
A partir de mañana estará prohibido fumar en los locales cerrados de ocio y restauración, en las proximidades de colegios y de hospitales y en los parques infantiles. Las sanciones para los que incumplan la norma va de 30 euros (casos leves) a 600.000 (casos muy graves). Los dueños de bares y restaurantes están obligados a velar por que se respete la ley, por lo que ellos también serán sancionados si se demuestra que han permitido que se fume en su local.
¿Cómo se van a controlar los incumplimientos? En los primeros meses, según explicó ayer la consejera de Salud, se reforzará la labor de los inspectores, que controlarán que los establecimientos exhiben los carteles informativos sobre la norma e intentarán asegurarse de que no hay ni rastro de tabaco en el local (como colillas o ceniceros usados). María Jesús Montero admitió que, pasados los primeros meses, la labor de los inspectores será menos intensa: "Una vez que un establecimiento instale el hábito de no fumar, no tendría sentido que luego diera marcha atrás".
Al margen de los inspectores, cualquier ciudadano puede denunciar el incumplimiento de la ley. La denuncia se puede presentar ante los distritos o la Consejería de Salud, pero, según Montero, lo más "operativo" es hacerlo ante la Policía Local. Se denunciará al bar y al fumador, aunque la Junta sume que hacer cumplir la ley no va a ser fácil: "Damos por hecho que el fumador no se va a identificar cuando un ciudadano le recrimine su conducta", admitió la consejera.
La Junta se ha marca el reto de disminuir el 11% la tasa de fumadores, que ahora ronda el 33% (dos puntos por encima de la media española).
A dos días de la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, la Consejería de Salud ha decidido asumir las competencias de las inspecciones en los bares y restaurantes de Sevilla, Málaga y Granada, los tres únicos municipios que, según la Junta, tenían hasta ahora las competencias para inspeccionar y sancionar los incumplimientos de la ley. El problema es que los tres Ayuntamientos no lo han entendido así, por lo que desde que, en enero de 2006, entró en vigor la actual norma antitabaco no se han hecho inspecciones en los establecimientos hosteleros de estas tres capitales.
Ante la perspectiva de abordar la nueva ley sin posibilidad de aplicarla en las tres ciudades más grandes de Andalucía, Salud ha optado por asumir las inspecciones, según anunció ayer la consejera María Jesús Montero. "No tiene sentido el debate, se ha creado una especie de vacío legal", afirmó Montero, quien insistió en que la Junta "siempre ha entendido" que las competencias son de estos tres Ayuntamientos.
El problema surge de un embrollo legal en el que cada administración interpreta la norma según sus intereses. La argumentación de la Junta es que Sevilla, Málaga y Granada constituyen una excepción desde que, en un muy lejano 1955, los inspectores locales pasaron a ser inspectores del Estado, salvo en algunas ciudades, entre ellas estas tres. Cuando se transfirió la competencia de inspección a Andalucía, la Junta se hizo cargo de los controles sanitarios en todos los municipios salvo en estos, donde siguieron en manos municipales, según la explicación de la Consejería.
La ley antitabaco de 2006 (y también la nueva) dispone que "los órganos competentes de las Comunidades Autónomas (...) ejercerán las funciones de control e inspección" y el Gobierno andaluz entiende que la Consejería es ese "órgano competente" para todos los municipios excepto para estas tres capitales, en las que Salud ni siquiera dispone de inspectores. Los Ayuntamientos, sin embargo, creen que ese artículo de la ley no ofrece dudas de que la competencia es autonómica y recuerdan que también lo entendió así el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una resolución de 2008.
En medio de este tira y afloja, la ley antitabaco lleva cinco años impune en Sevilla, Málaga y Granada. La medida anunciada ayer pasa por que la Junta contrate a tres inspectores (uno por ciudad) para que controle el cumplimiento de la norma en los bares y restaurantes. La decisión de adoptó ayer mismo y, mientras se tramitan los contratos, la nueva ley entrará en vigor sin inspecciones en las tres principales ciudades.
Controles y denuncias
A partir de mañana estará prohibido fumar en los locales cerrados de ocio y restauración, en las proximidades de colegios y de hospitales y en los parques infantiles. Las sanciones para los que incumplan la norma va de 30 euros (casos leves) a 600.000 (casos muy graves). Los dueños de bares y restaurantes están obligados a velar por que se respete la ley, por lo que ellos también serán sancionados si se demuestra que han permitido que se fume en su local.
¿Cómo se van a controlar los incumplimientos? En los primeros meses, según explicó ayer la consejera de Salud, se reforzará la labor de los inspectores, que controlarán que los establecimientos exhiben los carteles informativos sobre la norma e intentarán asegurarse de que no hay ni rastro de tabaco en el local (como colillas o ceniceros usados). María Jesús Montero admitió que, pasados los primeros meses, la labor de los inspectores será menos intensa: "Una vez que un establecimiento instale el hábito de no fumar, no tendría sentido que luego diera marcha atrás".
Al margen de los inspectores, cualquier ciudadano puede denunciar el incumplimiento de la ley. La denuncia se puede presentar ante los distritos o la Consejería de Salud, pero, según Montero, lo más "operativo" es hacerlo ante la Policía Local. Se denunciará al bar y al fumador, aunque la Junta sume que hacer cumplir la ley no va a ser fácil: "Damos por hecho que el fumador no se va a identificar cuando un ciudadano le recrimine su conducta", admitió la consejera.
La Junta se ha marca el reto de disminuir el 11% la tasa de fumadores, que ahora ronda el 33% (dos puntos por encima de la media española).
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