El gabinete jurídico aclara que los planes de ordenación deben prevalecer sobre los PGOU de los ayuntamientos. Medio Ambiente entiende que la redacción "más certera" del proyecto permitirá su próxima aprobación.
"Los planes urbanísticos de los municipios deben supeditarse a las normas de protección de los parques naturales". El gabinete jurídico de los servicios centrales de la Junta ha corregido el proyecto de decreto para agilizar los procedimientos administrativos y los usos y actividades de los parques naturales, texto que originó el rechazo de Ecologistas en Acción y del Defensor del Pueblo andaluz.
El informe emitido por los servicios jurídicos de la Junta, al que tuvo acceso esta redacción, ratifica, en el apartado sobre la ordenación urbanística de los municipios comprendidos en parques naturales, "el principio de prevalencia de lo dispuesto en los instrumentos de planificación de los parques naturales sobre cualquier otro instrumento de planificación urbanística y territorial".
Ecologistas en Acción celebró ayer en un comunicado que el gabinete jurídico "desautorice" el proyecto de decreto y exigió la retirada de esta "ilegalidad". El argumento de los ecologistas es que, con este decreto, la Junta pretende agilizar la urbanización en los parques naturales para fomentar la actividad económica en tiempos de crisis. Si bien comparten que se facilite la vida diaria a los habitantes de estos espacios -más de 250 municipios andaluces tienen su territorio o parte en parque natural, con una población que supera el millón de habitantes-, recelan de que el decreto busque fomentar la actuación urbanística en estos espacios protegidos.
Este argumento lo compartió en septiembre el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, quien en una resolución entendió que la norma sería "nula de pleno derecho" de aprobarse con esa redacción e "inapropiada", ya que "el planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de los parques naturales andaluces no debería adaptarse necesariamente a los correspondientes PORN (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales), tal y como exige la norma básica estatal".
Según esto, no sería el decreto proyectado el que derogase tácitamente los distintos PORN sino que, por el contrario, sería la norma urbanística aprobada por cada municipio la que llevase a cabo tal derogación, con el alcance que cada una de ellas prevea.
De hecho, el Defensor se detenía en que "se pueden fijar parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las contempladas en los instrumentos de planificación de los parques naturales".
El informe de los servicios jurídicos, conocido ayer pero fechado el 21 de julio, advierte que se "debe expresar en términos más claros lo que se entiende por condiciones mínimas referidas a los parámetros de edificación y las características constructivas", así como debe aclararse "qué cabe considerar como parámetros o características menos restrictivas". Sobre que algunos proyectos o actuaciones urbanísticas puedan excepcionarse, el gabinete jurídico avala que el informe de autorización ambiental permite la salvaguarda de los valores medioambientales.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente negaron ayer la mayor y sostuvieron que en ningún momento se ha perseguido que alguna otra norma prevaleciese sobre los planes de ordenación de los recursos naturales, lo que achacaron a una "mala interpretación" de quienes se oponen al decreto.
Sobre el informe jurídico, las mismas fuentes expusieron que "no se ha modificado nada el espíritu del proyecto" y que se trata de una "redacción más ajustada y certera" para que el decreto no choque con las normas actuales, "algo que ahora no se puede sostener". "Pudo ser una redacción más o menos acertada, pero ahora está completamente ajustada a derecho", añadieron.
Eso lo tendrá que decidir el Consejo Consultivo, donde Medio Ambiente remitió en diciembre el proyecto de decreto según avanzaron las mismas fuentes. Este órgano será quien determine la legalidad o no del proyecto, presumiblemente en la primera reunión que mantenga este órgano en enero. De ser favorable el dictamen y no recomendarse más modificaciones al texto, en este primer trimestre de 2011 decreto de parques naturales podría llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación.
"Los planes urbanísticos de los municipios deben supeditarse a las normas de protección de los parques naturales". El gabinete jurídico de los servicios centrales de la Junta ha corregido el proyecto de decreto para agilizar los procedimientos administrativos y los usos y actividades de los parques naturales, texto que originó el rechazo de Ecologistas en Acción y del Defensor del Pueblo andaluz.
El informe emitido por los servicios jurídicos de la Junta, al que tuvo acceso esta redacción, ratifica, en el apartado sobre la ordenación urbanística de los municipios comprendidos en parques naturales, "el principio de prevalencia de lo dispuesto en los instrumentos de planificación de los parques naturales sobre cualquier otro instrumento de planificación urbanística y territorial".
Ecologistas en Acción celebró ayer en un comunicado que el gabinete jurídico "desautorice" el proyecto de decreto y exigió la retirada de esta "ilegalidad". El argumento de los ecologistas es que, con este decreto, la Junta pretende agilizar la urbanización en los parques naturales para fomentar la actividad económica en tiempos de crisis. Si bien comparten que se facilite la vida diaria a los habitantes de estos espacios -más de 250 municipios andaluces tienen su territorio o parte en parque natural, con una población que supera el millón de habitantes-, recelan de que el decreto busque fomentar la actuación urbanística en estos espacios protegidos.
Este argumento lo compartió en septiembre el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, quien en una resolución entendió que la norma sería "nula de pleno derecho" de aprobarse con esa redacción e "inapropiada", ya que "el planeamiento urbanístico de los municipios incluidos dentro de los parques naturales andaluces no debería adaptarse necesariamente a los correspondientes PORN (Planes de Ordenación de los Recursos Naturales), tal y como exige la norma básica estatal".
Según esto, no sería el decreto proyectado el que derogase tácitamente los distintos PORN sino que, por el contrario, sería la norma urbanística aprobada por cada municipio la que llevase a cabo tal derogación, con el alcance que cada una de ellas prevea.
De hecho, el Defensor se detenía en que "se pueden fijar parámetros de edificación y características constructivas menos restrictivas que las contempladas en los instrumentos de planificación de los parques naturales".
El informe de los servicios jurídicos, conocido ayer pero fechado el 21 de julio, advierte que se "debe expresar en términos más claros lo que se entiende por condiciones mínimas referidas a los parámetros de edificación y las características constructivas", así como debe aclararse "qué cabe considerar como parámetros o características menos restrictivas". Sobre que algunos proyectos o actuaciones urbanísticas puedan excepcionarse, el gabinete jurídico avala que el informe de autorización ambiental permite la salvaguarda de los valores medioambientales.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente negaron ayer la mayor y sostuvieron que en ningún momento se ha perseguido que alguna otra norma prevaleciese sobre los planes de ordenación de los recursos naturales, lo que achacaron a una "mala interpretación" de quienes se oponen al decreto.
Sobre el informe jurídico, las mismas fuentes expusieron que "no se ha modificado nada el espíritu del proyecto" y que se trata de una "redacción más ajustada y certera" para que el decreto no choque con las normas actuales, "algo que ahora no se puede sostener". "Pudo ser una redacción más o menos acertada, pero ahora está completamente ajustada a derecho", añadieron.
Eso lo tendrá que decidir el Consejo Consultivo, donde Medio Ambiente remitió en diciembre el proyecto de decreto según avanzaron las mismas fuentes. Este órgano será quien determine la legalidad o no del proyecto, presumiblemente en la primera reunión que mantenga este órgano en enero. De ser favorable el dictamen y no recomendarse más modificaciones al texto, en este primer trimestre de 2011 decreto de parques naturales podría llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación.
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