Más de 600 menores discapacitados reciben atención lejos de estas instalaciones. La Junta les garantiza una plaza en las aulas específicas que habilita en colegios convencionales
Cuatro de cada diez niños sevillanos con necesidades educativas especiales se quedan sin escolarizar en los 15 centros específicos que existen en la provincia para atenderlos. El último informe elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz sobre la situación de este tipo de enseñanza en la comunidad autónoma revela que los centros de Educación Especial en Sevilla sólo dan respuesta al 60% de las solicitudes de escolarización, peticiones que se presentan tras los dictamenes que obligan a matricular a un menor en estos colegios por el grado y tipo de discapacidad que sufre.
El estudio de la institución que dirige José Chamizo muestra las carencias que aún tiene esta enseñanza en Andalucía. En dicho informe se constata que la provincia sevillana es la que mayor número de alumnos tiene matriculados en centros de Educación Especial, alrededor de 925, aunque detrás de esta cifra se esconde una de las carencias del sistema: el 40% de las solicitudes para escolarizar a los menores de 16 años con una discapacidad que requiere su matriculación en un centro específico se quedan sin atender. Por tanto, según este porcentaje, en la provincia hay 616 niños con necesidades educativas especiales que reciben esta atención en instalaciones distintas a las citadas.
Entre las principales razones que apunta el informe para denegar estas solicitudes se encuentran la falta de recursos materiales (en el 25% de los casos), la carencia de personal (14%) y la más importante de todas: por decisión de las comisiones de escolarización (el 60%). En este sentido, la Delegación Provincial de Educación explica que ese 40% de demanda que no se atiende se debe, principalmente, a motivos "logísticos".
Carmen Liébana, jefa de Servicios de Orientación del departamento que dirige Jaime Mougan, aclara que estos niños no se quedan sin su atención correspondiente, sólo que en lugar de recibirla en centros específicos que están alejados de su zona de residencia o que se encuentran fuera de las rutas del transporte escolar -también gratuito para esta enseñanza- estudian en alguna de las 155 aulas específicas instaladas en colegios o institutos de enseñanza convencional, donde se imparten los mismos contenidos que en un centro de Educación Especial.
La mayoría de estas escuelas son concertadas y están especializadas en un tipo de discapacidad. No obstante, no son los únicos recursos con los que cuenta la Administración educativa para enseñar a estos niños. En la actualidad hay cuatro niveles de atención a los menores que presenten una discapacidad física o psíquica. Su escolarización siempre viene dictaminada por un certificado médico de la delegación de Igualdad y Bienestar Social o por un informe psicopedagógico elaborado por los servicios de orientación educativa. Este documento recoge el grado de discapacidad, del que dependerá su matriculación en una de las cuatro alternativas que existen, que van desde la integración total -fin sobre el que se asienta la política educativa de la Junta y en el que insiste el Defensor del Pueblo- a la escolarización en uno de los 15 centros educativos especiales o en su defecto, en una de las 155 aulas específicas.
En la provincia de Sevilla la concertación en la Educación Especial prevalece sobre la oferta netamente pública. El informe del Defensor del Pueblo lo evidencia. Sólo tres de cada diez niños con discapacidad son atendidos en centros que pertenecen a la Junta. El resto lo hacen en instalaciones privadas. La razón es bien sencilla: de los 15 centros abiertos actualmente, 11 son concertados, 3 públicos y uno conveniado con el Ayuntamiento de la capital hispalense. Este desequilibrio conlleva a que sea mayor el número de solicitudes denegadas en la enseñanza especial concertada (33,3%) que en la pública (6,7%). La situación en el resto de Andalucía no difiere mucho de la sevillana. La escolarización en los concertados supera a la de la pública, excepto en Almería, donde los centros que son titularidad de la Junta tienen más matriculaciones que los que son de gestión privada, y en las provincias de Cádiz y Huelva, en las que se registra un empate entre ambas ofertas.
Otro de los aspectos reseñables del informe del Defensor del Pueblo es el número de alumnos matriculados en estos centros respecto a los que lo hacen en escuelas convencionales, cuestión en la que también se producen ciertas diferencias provinciales. No obstante, hay que tener en cuenta que este grupo de estudiantes es mínimo en comparación con todo el alumnado, de forma que en Andalucía no llegan a suponer más del 0,24% de los escolares. Sevilla, en esta comparativa, se mantiene por encima de la media autonómica, ya que los niños de Educación Especial representan el 0,26% de su alumnado. Este porcentaje es más elevado en provincias como Granada (0,43%) y Cádiz (0,33%). En el lado opuesto se sitúan Huelva, donde el alumnado matriculado en centros específicos no supone más del 0,11% de sus estudiantes y en Málaga (0,13%), Jaén (0,15%) y Almería (0,16%).
En la red de centros de Educación Especial de la provincia hay algunos colegios que se han convertido en referentes españoles por su especialización en tratar algún tipo de discapacidad. Es el caso del centro Luis Braille que, gestionado por la ONCE, tiene matriculados a más de 50 alumnos, según indica el citado informe, en el que también aparece el centro público Maestra Mercedes San Román -antiguo Aben Basso-, en el que estudian 59 niños con discapacidad motórica. Otro de los centros que se han convertido en un referente en la atención a menores autistas es el Ángel Riviére (concertado), donde hay casi 60 alumnos.
La lista de centros la completan el colegio San Juan de Dios (que cuenta además con una Escuela Hogar para mayores de 20 años subvencionada por la Junta), Molino de Guadaíra (en Alcalá de Guadaíra), Doctor Sacristrán, Aturem, Arco-Auxilia, Pablo Montesino, Instituto de Psicopediatría (en la barriada de Torreblanca), Dispensario San Pelayo y Maruja de Quinta (en Utrera). Estos colegios están concertados, mientras que los públicos, además del Aben Basso, son el de Nuestra Señora de la Merced (en Osuna) y Virgen Marcarena. A este red se suma el centro Virgen de la Esperanza, conveniado con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo personal docente lo contrata la Junta y el de rehabilitación pertenece a la Administración local.
Cuatro de cada diez niños sevillanos con necesidades educativas especiales se quedan sin escolarizar en los 15 centros específicos que existen en la provincia para atenderlos. El último informe elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz sobre la situación de este tipo de enseñanza en la comunidad autónoma revela que los centros de Educación Especial en Sevilla sólo dan respuesta al 60% de las solicitudes de escolarización, peticiones que se presentan tras los dictamenes que obligan a matricular a un menor en estos colegios por el grado y tipo de discapacidad que sufre.
El estudio de la institución que dirige José Chamizo muestra las carencias que aún tiene esta enseñanza en Andalucía. En dicho informe se constata que la provincia sevillana es la que mayor número de alumnos tiene matriculados en centros de Educación Especial, alrededor de 925, aunque detrás de esta cifra se esconde una de las carencias del sistema: el 40% de las solicitudes para escolarizar a los menores de 16 años con una discapacidad que requiere su matriculación en un centro específico se quedan sin atender. Por tanto, según este porcentaje, en la provincia hay 616 niños con necesidades educativas especiales que reciben esta atención en instalaciones distintas a las citadas.
Entre las principales razones que apunta el informe para denegar estas solicitudes se encuentran la falta de recursos materiales (en el 25% de los casos), la carencia de personal (14%) y la más importante de todas: por decisión de las comisiones de escolarización (el 60%). En este sentido, la Delegación Provincial de Educación explica que ese 40% de demanda que no se atiende se debe, principalmente, a motivos "logísticos".
Carmen Liébana, jefa de Servicios de Orientación del departamento que dirige Jaime Mougan, aclara que estos niños no se quedan sin su atención correspondiente, sólo que en lugar de recibirla en centros específicos que están alejados de su zona de residencia o que se encuentran fuera de las rutas del transporte escolar -también gratuito para esta enseñanza- estudian en alguna de las 155 aulas específicas instaladas en colegios o institutos de enseñanza convencional, donde se imparten los mismos contenidos que en un centro de Educación Especial.
La mayoría de estas escuelas son concertadas y están especializadas en un tipo de discapacidad. No obstante, no son los únicos recursos con los que cuenta la Administración educativa para enseñar a estos niños. En la actualidad hay cuatro niveles de atención a los menores que presenten una discapacidad física o psíquica. Su escolarización siempre viene dictaminada por un certificado médico de la delegación de Igualdad y Bienestar Social o por un informe psicopedagógico elaborado por los servicios de orientación educativa. Este documento recoge el grado de discapacidad, del que dependerá su matriculación en una de las cuatro alternativas que existen, que van desde la integración total -fin sobre el que se asienta la política educativa de la Junta y en el que insiste el Defensor del Pueblo- a la escolarización en uno de los 15 centros educativos especiales o en su defecto, en una de las 155 aulas específicas.
En la provincia de Sevilla la concertación en la Educación Especial prevalece sobre la oferta netamente pública. El informe del Defensor del Pueblo lo evidencia. Sólo tres de cada diez niños con discapacidad son atendidos en centros que pertenecen a la Junta. El resto lo hacen en instalaciones privadas. La razón es bien sencilla: de los 15 centros abiertos actualmente, 11 son concertados, 3 públicos y uno conveniado con el Ayuntamiento de la capital hispalense. Este desequilibrio conlleva a que sea mayor el número de solicitudes denegadas en la enseñanza especial concertada (33,3%) que en la pública (6,7%). La situación en el resto de Andalucía no difiere mucho de la sevillana. La escolarización en los concertados supera a la de la pública, excepto en Almería, donde los centros que son titularidad de la Junta tienen más matriculaciones que los que son de gestión privada, y en las provincias de Cádiz y Huelva, en las que se registra un empate entre ambas ofertas.
Otro de los aspectos reseñables del informe del Defensor del Pueblo es el número de alumnos matriculados en estos centros respecto a los que lo hacen en escuelas convencionales, cuestión en la que también se producen ciertas diferencias provinciales. No obstante, hay que tener en cuenta que este grupo de estudiantes es mínimo en comparación con todo el alumnado, de forma que en Andalucía no llegan a suponer más del 0,24% de los escolares. Sevilla, en esta comparativa, se mantiene por encima de la media autonómica, ya que los niños de Educación Especial representan el 0,26% de su alumnado. Este porcentaje es más elevado en provincias como Granada (0,43%) y Cádiz (0,33%). En el lado opuesto se sitúan Huelva, donde el alumnado matriculado en centros específicos no supone más del 0,11% de sus estudiantes y en Málaga (0,13%), Jaén (0,15%) y Almería (0,16%).
En la red de centros de Educación Especial de la provincia hay algunos colegios que se han convertido en referentes españoles por su especialización en tratar algún tipo de discapacidad. Es el caso del centro Luis Braille que, gestionado por la ONCE, tiene matriculados a más de 50 alumnos, según indica el citado informe, en el que también aparece el centro público Maestra Mercedes San Román -antiguo Aben Basso-, en el que estudian 59 niños con discapacidad motórica. Otro de los centros que se han convertido en un referente en la atención a menores autistas es el Ángel Riviére (concertado), donde hay casi 60 alumnos.
La lista de centros la completan el colegio San Juan de Dios (que cuenta además con una Escuela Hogar para mayores de 20 años subvencionada por la Junta), Molino de Guadaíra (en Alcalá de Guadaíra), Doctor Sacristrán, Aturem, Arco-Auxilia, Pablo Montesino, Instituto de Psicopediatría (en la barriada de Torreblanca), Dispensario San Pelayo y Maruja de Quinta (en Utrera). Estos colegios están concertados, mientras que los públicos, además del Aben Basso, son el de Nuestra Señora de la Merced (en Osuna) y Virgen Marcarena. A este red se suma el centro Virgen de la Esperanza, conveniado con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo personal docente lo contrata la Junta y el de rehabilitación pertenece a la Administración local.
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