sábado, 15 de enero de 2011

La Junta exige al PP que "deje de utilizar los servicios sanitarios para buscar votos y rédito electoral"

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

La delegada de Salud en Málaga, María Antigua Escalera, ha exigido al PP y a su candidato a la Alcaldía de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Salado, "un poco de responsabilidad, en el sentido de dejar de utilizar los servicios sanitarios para buscar votos y rédito electoral" como respuesta a las declaraciones en las que lamentaba el "déficit" sanitario del municipio "por la falta de competencia de la alcaldesa, Encarnación Anaya, y de la Junta".
Según Escalera, "utilizan la demagogia y los servicios sanitarios con fines políticos, porque Salado sabe muy bien que los ciudadanos de Rincón de la Victoria están cercanos al hospital regional Carlos Haya y al de la Axarquía", en los que "nueve de cada 10 personas que reciben atención en estos centros los recomendarían, junto a sus servicios", ha precisado.
Según ha señalado, en declaraciones a Europa Press, "el Ayuntamiento y la delegación de Salud pondrán en marcha el centro de salud de La Cala en cuanto finalice la tramitación administrativa que requiere poner todos los equipamientos necesarios antes de su apertura", al mismo tiempo que ha añadido la disponibilidad del centro sanitario de Benagalbón.
Junto a ello, ha puesto de manifiesto la construcción de "un gran hospital" planificado por la Consejería de Salud en Málaga, así como la de diversos hospitales de cercanía, que, según ha precisado, muchos de los cuales están en obra, como el de Ronda (Málaga), el del Valle del Gualdahorce, la remodelación del hospital Costa del Sol, así como el de Virgen de la Victoria.
Por tanto, la delegada de Salud ha subrayado que "de carencias sanitarias, nada", a la vez que ha destacado que "la ley de Salud de Andalucía contempla específicamente la colaboración entre las corporaciones locales y la Junta para construir centros de salud y consultorios".
En este sentido, la delegada de Salud en Málaga ha explicado que el gobierno regional pone estos centros "en funcionamiento una vez construidos y los mantiene a lo largo del tiempo" y, por tanto, se trata de "algo perfectamente legal", ha aseverado.

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