Chamizo lleva 14 años como Defensor del Pueblo Andaluz, una institución acostumbrada a sacar los colores a la Administración por incumplimientos de la ley. Con la crisis económica, los ciudadanos han recurrido aún más a Chamizo para que defienda sus derechos
—¿Han aumentado la quejas con la crisis económica?
—Sí, porque la gente parada no puede afrontar la hipoteca, la luz o el agua, apareciendo los nuevos pobres en las clases medias. Hemos evitado al menos 30 desahucios en 2010.
—Nos creíamos ricos. ¿La sociedad perdió la cabeza?
—Sí, la salud mental de la sociedad no es nada buena. Creo que hemos vivido mucho de valores exteriores, del tener y hemos crecido poco como personas. Necesitamos un cambio interior individual y colectivamente.
—Miles de personas comen cada día en los comedores sociales. ¿Está fallando la Administración?
—Buena parte de esos comedores los subvenciona la Administración, pero debe subvencionarlos todos.
—Usted culpa a la banca de la crisis ¿y qué me dice de la Administración, endeudada por gastos superfluos, o de los políticos, inmersos muchos en casos de corrupción?
—Esos casos crean una mentalidad de que todos los políticos son unos corruptos, lo cual no sólo es mentira, sino que es una barbaridad pensarlo. Por fin, la Administración ha empezado a ser más austera tras años de despilfarro en la época de abundancia.
—La valoración del Defensor ha bajado en las encuestas, ¿será porque los ciudadanos perciben que la Administración no le echa cuenta?
—Puede ser, pero curiosamente han aumentado las quejas.
—¿Cree necesario una reforma para dar más poder al Defensor?
—Sí porque sus informes deberían ser vinculantes, aunque esto no lo quiere ningún grupo parlamentario.
—¿Qué consejería es más reacia a acatar sus resoluciones?
—Reacia no hay ninguna. Las delegaciones provinciales sí. Contestan después de mucho insistir.
—Como Defensor del Menor ha denunciado la proliferación de trastornos del comportamiento en menores. ¿A qué cree que se debe?
—En Andalucía hay en torno a 30.000 niños que acuden a las unidades de salud mental infantojuvenil. Quiere decir que ellos están pagando las consecuencias de una sociedad donde los adultos estamos bastante desquiciados. En muchas separaciones se usan los niños como arma arrojadiza y esto tiene unas consecuencias psicológicas para los menores. Estamos en una sociedad donde realmente los niños no cuentan tanto como decimos. Nuestra sociedad apoya teóricamente a los niños, pero a la hora de la verdad ni los diseños urbanísticos de la ciudad los tienen en cuenta porque apenas tienen espacios para juegos.
—¿Por qué está creciendo el maltrato de hijos a padres?
—Este tema lo denuncié en 2001 y va a más. La mayoría de hijos maltratadores son de clase media o media-alta. Los profesionales tienen que prepararse mejor para trabajar con esa escala social. Hay tres razones básicas: chavales que han consumido estupefacientes o alcohol; padres que han dado a sus hijos todo lo que han pedido y en el momento en que lo han dejado de hacer, los niños no están preparados para la frustración; y hay otros chavales que tienen problemas psicológicos no detectados a tiempo por la familia o los colegios. La Ley de Mediación debió incluir este problema porque muchos de estos asuntos se resuelven con mediación familiar. Otros casos graves acaban en los tribunales.
—En el caso Marta del Castillo, ¿es usted partidario de un jurado o un tribunal profesional?
—Lo mejor es lo que pidan los padres y creo que éstos quieren un jurado.
—¿Hay que reformar la Ley del Menor para poder imputar a niños de 12 a 14 años?
—Yo no lo veo claro. Sólo si cometen un delito terrible, como un asesinato, sería partidario de imputar a esos menores. El problema es que si seguimos bajando la edad llegaremos a imputar a niños de 9 años, como sucede en algunos países, y eso es terrible.
—¿Es partidario de la cadena perpetua revisable?
—No. El cumplimiento íntegro de las penas sólo lo cumplen cuatro desgraciados.
—¿Cree que existe una justicia para ricos y otra para pobres?
—En muchos casos sí. Quienes tienen dinero para pagar a abogados defensores buenos tiene más posibilidades de estar libre.
—¿Cree que los funcionarios tienen razón para estar cabreados con el decreto que reformará el sector público andaluz?
—Tienen razón para estar preocupados, pero creo que al final habrá un consenso sobre la norma.
—¿Cree que el decreto es inconstitucional?
—No sé si es constitucional porque el decreto ha cambiado y se anuncia que se intentará un consenso después de las municipales. Yo lo he mandado al Defensor del Pueblo Español para que lo analice. Yo siempre defenderé que el funcionario tiene una categoría superior a quienes vienen de las empresas públicas. Además, el funcionario tiene un papel que no puede hacerlo otra persona.
—¿Qué opina de la Administración paralela que ha creado la Junta?
—En 1999, el Defensor hizo un informe pidiendo que la Junta controlara eso y nadie dijo nada. Por otra parte, se está intentando dar la impresión de que hay 22.000 personas que han entrado por la cara en las empresas públicas y eso tampoco es cierto porque hay gente que se ha presentado a procesos de selección.
—¿El «tijeretazo» hace peligrar la Ley de Dependencia?
—Una vez atendidos los grandes dependientes, la Administración debe plantearse si tiene dinero para atender a los dependientes moderados y leves, o bien buscar una alternativa, como la ayuda domiciliaria.
—Recibe muchas quejas de familiares de enfermos mentales . ¿Fue un fracaso la reforma psiquiátrica?
—La reforma psiquiátrica se llevó a cabo sin medios. Se han hecho muchas cosas, pero el índice de personas con problemas mentales va creciendo a un ritmo mayor que la creación de recursos para atenderl
—¿Han aumentado la quejas con la crisis económica?
—Sí, porque la gente parada no puede afrontar la hipoteca, la luz o el agua, apareciendo los nuevos pobres en las clases medias. Hemos evitado al menos 30 desahucios en 2010.
—Nos creíamos ricos. ¿La sociedad perdió la cabeza?
—Sí, la salud mental de la sociedad no es nada buena. Creo que hemos vivido mucho de valores exteriores, del tener y hemos crecido poco como personas. Necesitamos un cambio interior individual y colectivamente.
—Miles de personas comen cada día en los comedores sociales. ¿Está fallando la Administración?
—Buena parte de esos comedores los subvenciona la Administración, pero debe subvencionarlos todos.
—Usted culpa a la banca de la crisis ¿y qué me dice de la Administración, endeudada por gastos superfluos, o de los políticos, inmersos muchos en casos de corrupción?
—Esos casos crean una mentalidad de que todos los políticos son unos corruptos, lo cual no sólo es mentira, sino que es una barbaridad pensarlo. Por fin, la Administración ha empezado a ser más austera tras años de despilfarro en la época de abundancia.
—La valoración del Defensor ha bajado en las encuestas, ¿será porque los ciudadanos perciben que la Administración no le echa cuenta?
—Puede ser, pero curiosamente han aumentado las quejas.
—¿Cree necesario una reforma para dar más poder al Defensor?
—Sí porque sus informes deberían ser vinculantes, aunque esto no lo quiere ningún grupo parlamentario.
—¿Qué consejería es más reacia a acatar sus resoluciones?
—Reacia no hay ninguna. Las delegaciones provinciales sí. Contestan después de mucho insistir.
—Como Defensor del Menor ha denunciado la proliferación de trastornos del comportamiento en menores. ¿A qué cree que se debe?
—En Andalucía hay en torno a 30.000 niños que acuden a las unidades de salud mental infantojuvenil. Quiere decir que ellos están pagando las consecuencias de una sociedad donde los adultos estamos bastante desquiciados. En muchas separaciones se usan los niños como arma arrojadiza y esto tiene unas consecuencias psicológicas para los menores. Estamos en una sociedad donde realmente los niños no cuentan tanto como decimos. Nuestra sociedad apoya teóricamente a los niños, pero a la hora de la verdad ni los diseños urbanísticos de la ciudad los tienen en cuenta porque apenas tienen espacios para juegos.
—¿Por qué está creciendo el maltrato de hijos a padres?
—Este tema lo denuncié en 2001 y va a más. La mayoría de hijos maltratadores son de clase media o media-alta. Los profesionales tienen que prepararse mejor para trabajar con esa escala social. Hay tres razones básicas: chavales que han consumido estupefacientes o alcohol; padres que han dado a sus hijos todo lo que han pedido y en el momento en que lo han dejado de hacer, los niños no están preparados para la frustración; y hay otros chavales que tienen problemas psicológicos no detectados a tiempo por la familia o los colegios. La Ley de Mediación debió incluir este problema porque muchos de estos asuntos se resuelven con mediación familiar. Otros casos graves acaban en los tribunales.
—En el caso Marta del Castillo, ¿es usted partidario de un jurado o un tribunal profesional?
—Lo mejor es lo que pidan los padres y creo que éstos quieren un jurado.
—¿Hay que reformar la Ley del Menor para poder imputar a niños de 12 a 14 años?
—Yo no lo veo claro. Sólo si cometen un delito terrible, como un asesinato, sería partidario de imputar a esos menores. El problema es que si seguimos bajando la edad llegaremos a imputar a niños de 9 años, como sucede en algunos países, y eso es terrible.
—¿Es partidario de la cadena perpetua revisable?
—No. El cumplimiento íntegro de las penas sólo lo cumplen cuatro desgraciados.
—¿Cree que existe una justicia para ricos y otra para pobres?
—En muchos casos sí. Quienes tienen dinero para pagar a abogados defensores buenos tiene más posibilidades de estar libre.
—¿Cree que los funcionarios tienen razón para estar cabreados con el decreto que reformará el sector público andaluz?
—Tienen razón para estar preocupados, pero creo que al final habrá un consenso sobre la norma.
—¿Cree que el decreto es inconstitucional?
—No sé si es constitucional porque el decreto ha cambiado y se anuncia que se intentará un consenso después de las municipales. Yo lo he mandado al Defensor del Pueblo Español para que lo analice. Yo siempre defenderé que el funcionario tiene una categoría superior a quienes vienen de las empresas públicas. Además, el funcionario tiene un papel que no puede hacerlo otra persona.
—¿Qué opina de la Administración paralela que ha creado la Junta?
—En 1999, el Defensor hizo un informe pidiendo que la Junta controlara eso y nadie dijo nada. Por otra parte, se está intentando dar la impresión de que hay 22.000 personas que han entrado por la cara en las empresas públicas y eso tampoco es cierto porque hay gente que se ha presentado a procesos de selección.
—¿El «tijeretazo» hace peligrar la Ley de Dependencia?
—Una vez atendidos los grandes dependientes, la Administración debe plantearse si tiene dinero para atender a los dependientes moderados y leves, o bien buscar una alternativa, como la ayuda domiciliaria.
—Recibe muchas quejas de familiares de enfermos mentales . ¿Fue un fracaso la reforma psiquiátrica?
—La reforma psiquiátrica se llevó a cabo sin medios. Se han hecho muchas cosas, pero el índice de personas con problemas mentales va creciendo a un ritmo mayor que la creación de recursos para atenderl
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