La confirmación de la condena de tres años de prisión y multa de 177.000 euros para Jorge Cano y Juan José Ramirez por delito de narcotráfico por parte del Tribunal de Apelaciones generó una catarata de rechazo y de protestas por injusta. A la cabeza de éstas, la del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ha efeado la pasividad del Gobierno españor en este caso. La falta de pruebas que vinculen a los pescadores deportivos barreños co el aligo encontrado en una moto acuática abandonada es evidente pero la Justicia marroquí las ha obviado deliberadamente. Sería muy peligroso que fuese cierto la sospecha de Chamizo de que es una represalia de Marruecos por cómo se administra Justicia en España. El Gobierno debe actuar ya para lograr su liberación.
Fuente: europasur.es
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