SELINA OTERO - VIGO Como advirtió el pasado mes de diciembre, cuando el Diario Oficial de Galicia publicó la nueva ley gallega de racionalización del gasto farmacéutico, con un catálogo propio de medicamentos para la comunidad diferente al estatal, el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la normativa de Galicia, con el aval del dictamen emitido por el Consejo de Estado que alerta de la inconstitucionalidad de sus cuatro artículos base y disposiciones adicionales. Recorta los derechos de los gallegos, invade competencias del Estado y rompe la cohesión nacional en financiación sanitaria. El Consejo de Ministros acordó ayer impugnar la ley aprobada por el Parlamento gallego, mediante la que se creó un catálogo de medicinas más restrictivo que el nacional, al considerar que “recorta derechos a los ciudadanos de esta comunidad que les puede crear problemas de salud”, tanto a ellos como a quienes se desplacen a Galicia y tengan que asimilar el cambio de medicamentos de marca por genéricos y modificar sus tratamientos, aunque el catálogo gallego garantice la cobertura de todas las patologías con los correspondientes principios activos.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró rotundo ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El catálogo gallego “se ha separado del catálogo del Gobierno” ya que en Galicia no se financian todos los medicamentos que establece el nomenclátor oficial de productos farmacéuticos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Según el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos del Consejo de Estado que avalan la impugnación de la normativa, se vulneran las competencias que la Constitución atribuye al Estado en materia de coordinación general de la Sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos y legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. Por todo ello, además del recurso, el Gobierno ha acordado plantear un conflicto positivo de competencia a la Xunta por la aprobación del catálogo.
El recurso será presentado formalmente ante el Constitucional “cuanto antes” en nombre del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De este modo, el Ejecutivo quiere asegurarse de que se suspenda la aplicación de la norma en Galicia.
Admisión. En el momento en que el Constitucional admita el recurso del Gobierno, algo que Rubalcaba espera que suceda “de forma inmediata”, la norma quedaría sin efecto en los próximos cinco meses, plazo del que dispone el tribunal para emitir una sentencia. La fecha límite para formular el recurso de inconstitucionalidad es el 28 de marzo de 2011. El catálogo ya se está aplicando en los hospitales, centros de salud y farmacias gallegas desde principios de enero. La suspensión de la norma implicaría volver a cambiar todos los medicamentos genéricos implantados hace un mes por los de marca o, al menos, que convivan en la prescripción y dispensación.
Invasión competencial. El Gobierno asegura que el catálogo gallego incumple la Constitución y la legislación nacional sobre productos farmacéuticos y Seguridad Social. Según fuentes ministeriales, el dictamen del Consejo de Estado incide en que se crea un catálogo de productos farmacéuticos distinto del aprobado por el Ministerio de Sanidad, incumpliendo el precepto de la aplicación en todo el territorio nacional de las prestaciones sanitarias con unos derechos comunes a todos los ciudadanos. Por otra parte, el informe alerta de que la edición de normas jurídicas sobre productos farmacéuticos compete al Estado. Incluye, además, en lo referente al régimen económico de la Seguridad Social, que corresponde al Gobierno establecer la relación de medicamentos financiados con fondos públicos, sin cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social y creando desigualdades entre los ciudadanos.
Ampliar pero no recortar. Uno de los reproches jurídicos que el Ministerio de Sanidad comunica es que las comunidades autónomas, si bien pueden establecer sus propias carteras de servicios, deben hacerlo a partir del abanico de prestaciones estatales, asumiéndolas en su totalidad y siendo posible ampliarlas pero nunca recortar. Según el Gobierno, la ley gallega crea un catálogo reducido de medicamentos, excluyendo aquellos que se alejan del colectivo de fármacos de menor precio y limitando en territorio comunitario el listado de medicinas financiadas con fondos públicos. Esto supone, para el Ejecutivo central, un golpe a la uniformidad y homogeneidad en las prestaciones sanitarias públicas que el Estado debe garantizar.
Menos fármacos. En la composición del catálogo priorizado de fármacos de Galicia, quedan fuera 427 presentaciones de medicamentos de distintos principios activos que sí constan en el nomenclátor nacional. Pérez Rubalcaba argumentó ayer que esto afecta a patologías al no poder ser prescritos ni dispensados en Galicia dichos envases. Dado que la sustitución por otros medicamentos equivalentes no se puede producir en todos los casos, “pueden crearse problemas de salud, tanto para los gallegos como para aquellos que se desplacen a Galicia”.
Desigualdad. “Esto significa que un ciudadano extremeño o madrileño tiene derecho a unos fármacos distintos que los gallegos. Incluso, eventualmente, si uno se traslada y tiene un fármaco, en Madrid se lo pagaría la Seguridad Social y en Galicia no”, aseguró Rubalcaba. Es más, en el informe emitido por la Abogacía del Estado para analizar la inconstitucionalidad de esta iniciativa se argumenta que el catálogo gallego podría estar sentando las bases, como precedente, para que existan tantos catálogos o listas de productos farmacéuticos como comunidades autónomas.
Posible acuerdo. “Siempre es mejor un acuerdo que un pleito”, pronunció el vicepresidente, que está dispuesto a dialogar con la Xunta para lograr un consenso. “Si hay acuerdo retiramos el recurso y en paz”, anunció Rubalcaba, quien animó a Galicia a restablecer los derechos. Las alternativas al catálogo gallego serían potenciar el uso de genéricos o reforzar la prescripción por principio activo, como en Canarias, Extremadura o Andalucía. Para ello es necesario el sí de la Xunta, previa retirada del catálogo actual.
Fuente:farodevigo.es
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